Claves para entender el conflicto entre Ica y Huancavelica por el agua

Canal Choclococha, en la provincia de Huaytará, Huancavelica. (Créditos: Eddie Rosazza)

Canal Choclococha, en la provincia de Huaytará, Huancavelica. (Créditos: Eddie Rosazza)

La web RecursosNaturalesPeru ha publicado un interesante reportaje sobre la actual disputa entre las regiones de Ica y Huancavelica por el agua.

Por un lado, están los empresarios de la industria agrícola del valle de Ica y por el otro las comunidades campesinas de Huancavelica. Resulta que ambas se abastecen de la misma cuenca pero para ninguna de ellas la cantidad de agua es suficiente para cubrir sus necesidades.

Lejos de buscar una solución para ambas regiones, el Estado ha inclinado la balanza a favor de los empresarios iqueños para salvar las agroexportaciones. ¿Estamos ante un nuevo conflicto social en el Perú?

Aquí te presentamos 4 claves para entender esta problemática:

Representantes de comunidades campesinas de Ayacucho y Huancavelica y pequeños productores de Ica reunidos en el encuentro macro regional realizado el 8 y 9 de octubre. (Foto: RecursosNaturalesPerú)

Representantes de comunidades campesinas de Ayacucho y Huancavelica y pequeños productores de Ica reunidos en el encuentro macro regional realizado el 8 y 9 de octubre. (Foto: RecursosNaturalesPerú)

1. Los campesinos olvidados.

Según cuenta el reportaje, los representantes de las comunidades de Carhuancho y Choclococha en Huancavelica han alertado sobre la escasez de agua en la cuenca del río Ica.

“En esta zona, las comunidades han observado cómo el volumen de agua ha ido disminuyendo a un ritmo veloz y alarmante. Un número significativo de bofedales, ojos de agua y riachuelos se han secado, los nevados –antes perpetuos- desaparecen por temporadas, y parte de los pastos naturales de los que se alimenta el ganado se han transformado en tierras baldías. (…) La crianza de alpacas y la comercialización de su lana ha sido por décadas la principal actividad económica de estas comunidades altoandinas. Pero la disminución progresiva de la cantidad de agua ha impactado sobre la regeneración de los pastos naturales -de los que se alimentan las 42mil alpacas que poseen según su último censo- colocándolos en la necesidad de construir canales, reservorios y sistemas de riego para preservarlos”.

A pesar de que han alertado a la autoridades sobre este problema, ellos cuentan que no han tenido una respuesta clara por parte del Estado.

2. Los empresarios iqueños: Crecimiento que exige más.

Foto: El Comercio

Foto: El Comercio

Por el otro lado, están los empresarios. Ica es la tercera región que más crece en el país y es precisamente por el sector agroexportador. Pero toda esta producción, que ha colocado al Perú en uno de los principales productores de espárragos en el mundo necesita cada vez de más agua para cubrir la demanda internacional.

“Como efecto colateral del incremento aritmético de la producción agrícola, el agua se ha convertido en un bien escaso. Según cifras del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, la industria demanda 538 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la oferta acumulada durante todo el año solo alcanza los 493 mmc. El déficit del recurso ha detenido la expansión de la frontera agrícola de las empresas haciendo que un número significativo de ellas traslade sus inversiones hacia otros valles del país, lo cual el gobierno ha visto con especial preocupación”.

Y es en esta parte de la historia que el Gobierno ha propuesto para este problema, el proyecto Choclococha Desarrollado. Pero, ¿se trata de una real solución al problema en conjunto?

3. Un Estado interesado.

Foto: Presidencia Perú / Flickr

Foto: Presidencia Perú / Flickr

El proyecto Choclococha Desarrollado es una ampliación del Sistema Choclococha, una obra construída en los años 50 que desvía las aguas de un conjunto de lagunas ubicadas en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, hacia el valle de Ica en los meses de sequía.

El nuevo proyecto consiste en la construcción del canal colector de Ingahuasi y la presa Tambo, en los distritos de Tambo y Pilpichaca en Huancavelica. Sin embargo, los huancavelicanos no están de acuerdo con ello. ¿Por qué? Explica el reportaje:

“Está presente en la memoria de las comunidades que esta obra, construida hace más de medio siglo por el gobierno, sin contar con el consentimiento de las comunidades ni estudios de impacto ambiental (en aquel tiempo no la ley no lo requería), causó daños irreparables en sus localidades; tales como la división del territorio comunal por el paso del canal y la inundación y consecuente traslado forzoso de la comunidad de Choclococha. Incluso, en las comunidades es una opinión compartida que parte del actual deterioro del medio ambiente es consecuencia tardía de su impacto”.

Pero eso no es todo. Tal como narra el reportaje, las aguas de la cuenca del río Ica, a pesar de que pasan por dos regiones distintas, están bajo la administración del Gobierno Regional de Ica. Por ello, una de las preocupaciones está centrada también en la próxima autoridad que ocupará el cargo de presidente regional en esa zona.

“Por ley el Estado ha prohibido que el gobierno regional o la población de Huancavelica utilicen una gota de esa agua”, señaló José Luis Dávila, sub gerente de medio ambiente del gobierno regional de Huancavelica, presente en el encuentro. “Es como si entraran a tu casa, me llevara la cañería y el agua que tienes y no te dejara una gota”.

4. “Yo respaldaré la iniciativa del Gobierno Central”.

Fernando Cillóniz, candidato por Fuerza Popular. (Foto: Chinchaenlanoticia)

Fernando Cillóniz, candidato por Fuerza Popular. (Foto: Chinchaenlanoticia)

Como hemos dicho un factor importante en esta historia también es la futura autoridad que tendrá la región Ica. Al parecer, se trataría de Fernando Cilloniz, candidato por Fuerza Popular, favorito en las encuestas pero, para mala suerte de los huancavelicanos, señalado como el candidato de los empresarios.

“Es conocido en Ica por sus vínculos con diversas empresas agroexportadoras y por dedicarse -en los últimos años- a brindar consultorías a las compañías del sector a través del instituto Informacción, del cual es presidente. Según la prensa local, durante la campaña se ha visto a Cilloniz junto a personajes que representan a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales, como el ex ministro de Economía Ismael Benavides –su primo hermano- y los consultores Cecilia Blume y Miguel Santillana. También el respaldo de Keiko Fujimori ha sido notorio: acompañó a Cilloniz en repetidas ocasiones durante la campaña”, señala el reportaje.

Esta es una entrevista realizada por la comunicadora de la ONG Codehica, Rosario Huayanca, al mencionado candidato.

Ante este panorama, la disputa por el agua entre estas dos regiones no parece que tendrá un buen final. Por lo pronto, habrá que esperar a ver quien ocupara el sillón regional de Ica y cuál será la actitud del Gobierno cuando la población de Huancavelica proteste por un recurso que, al margen de las exportaciones y las cifras macros, tienen completo derecho.

El caso Orellana o cómo la corrupción nos afecta a todos

Foto: Perú 21

Foto: Perú 21

“Roba pero hace obra” es aquella frase que se hizo popular en las últimas elecciones de octubre y que nos mostró una vez más que los electores peruanos nos conformamos con autoridades corruptas porque percibimos que su accionar no nos afecta directamente.

Pero al pensar así dejamos que personajes como el abogado Rodolfo Orellana Rengifo operen impunemente con enormes organizaciones criminales que fracturan la estabilidad del país y corrompen nuestras instituciones públicas.

Foto: El Comercio

Así lucía Orellana cuando lo capturaron. Foto: El Comercio

Tuvo que pasar casi cinco meses para que el Gobierno logre capturar al prófugo empresario en la ciudad de Cali, Colombia. Sobre Orellana pesan casi 400 denuncias por los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, tráfico de terrenos, entre otros. Además es sindicado como el jefe una de red de corrupción que abarcaría instituciones, autoridades y funcionarios del Estado.

La corrupción de Orellana afectó a personas de diversos estratos sociales, las víctimas no solo fueron instituciones privadas y públicas, sino también personas como usted. Este es un breve recuento de algunos de estos casos:

Robo de terrenos

Marco Llanos Aparcana, el argentino Rodolfo Sack y la familia Canales han sido algunas de estas víctimas.

Llanos Aparcana perdió su vivienda ubicada en la avenida Guardia Civil, luego que se la alquilara a Orellana. Este habría agregado tres cláusulas al contrato de alquiler, una de ellas le permitía subarrendar el inmueble. Cuando Llanos fue a reclamarle por lo sucedido, lo único que recibió de Orellana fueron amenazas de muerte.

Foto: AmericaTV

Nestor Sack denunció que fue agredido por allegados de Orellana. Foto: AmericaTV

Algo similar lo que le ocurrió a Rodolfo Sack. A este argentino nacionalizado peruano le arrebataron una propiedad de 10 mil metros cuadrados ubicado en Chaclacayo. También recibió amenazas contra su vida porque, según dijo ante la prensa, personas cercanas a Orellana lo acusaban de ser quien se encargaba de dirigir a todos los afectados por esta red de corrupción.

La misma suerte corrió la familia Canales que perdió nada menos que tres lotes de terrenos ubicados en la Panamericana Sur a través de una dación de pago y laudo arbitral irregular a favor de Orellana.

Caso Camal de Yerbateros.

Foto: La República

Foto: La República

Otra de las víctimas fue el dueño del camal de Yerbateros, Giovanni Paredes. Sin embargo, tras una larga batalla judicial contra los allegados del detenido empresario, Paredes logró recuperar el camal.

Paredes junto a otros 60 agraviados denunciaron que Orellana se valió del Poder Judicial y el Ministerio Público para apropiarse de manera ilegal de sus propiedades a través de laudos arbitrales.

“Orellana es uno de los grandes mafiosos de este país y trabajó en pared con la justicia”, dijo en aquel momento para el diario El Comercio.

Más de 3 millones de dólares robados a Scotiabank

Foto: Perú 21

Foto: Perú 21

Esta red de corrupción dirigida por Orellana también habría robado a la entidad bancaria 3,5 millones de dólares por créditos hipotecarios no cobrados.

Según informó el titular de la comisión que investiga este caso en el Congreso, Vicente Zevallos a La República, Orellana habría utilizado “artilugios legales” para impedir la ejecución de las garantías y así apropiarse de los inmuebles hipotecados.

Caso Fundación por los Niños del Perú

Foto: Diario16

Inmueble recuperado por la Fundación por los Niños del Perú. Foto: Diario16

Además, Orellana habría intentado apropiarse de dos terrenos ubicados en los distritos de Chaclacayo y Surco de propiedad de la Fundación por los Niños del Perú a través de dos procesos arbitrales, según denunció la representante de dicha institución, Lourdes Flores Nano.

A través de una empresa de fachada, Orellana intentó adueñarse de estos terrenos luego de que venciera el contrato de alquiler aduciendo que se habían hecho arreglos. Por ello quería que se le devuelva lo que había invertido.

La corrupción nos afecta a todos.

Este pequeño recuento nos muestra que nadie se encuentra fuera del alcance de la corrupción: todos podemos ser víctimas de ella. De una forma u otra nos afecta.

Orellana no operaba de manera aislada. Su accionar ha sido en muchos casos en complicidad con funcionarios públicos con quienes actuaba en pared y conformaba toda una red de corrupción. Hasta que no nos saquemos ese “chip” de conformarnos con autoridades corruptas, este mal social no desaparecerá del país y tampoco los Orellana.

Tres claves para entender en que va el caso César Álvarez

Foto: La República

Foto: La República

Los nuevos destapes sobre cómo operaba la red criminal del expresidente regional de Áncash, César Álvarez, así como la presentación del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia ante la Comisión Áncash han pasado desapercibidos.

Los hallazgos han sido relevantes. Desde indicios de sobornos a altos funcionarios del Estado hasta cómo utilizaban a los medios de comunicación para desprestigiar a los opositores de Álvarez.

Aquí las últimas noticias más resaltantes sobre uno de los casos más escandaloso de corrupción:

Las revelaciones del colaborador eficaz N° 11

El colaborador N° 11 ha revelado ante la Fiscalía Anticorrupción las identidades de los nueve testaferros que se encargaron de ocultar los bienes de Álvarez y los medios de prensa que estaban a órdenes del ex presidente regional.

Foto: La República

Foto: La República

“Entre los presuntos testaferros que señala este testigo aparece Julio Salas, quien tiene un grifo cerca de la Panamericana, en la salida norte de Chimbote, antes de llegar a Trujillo. Igualmente, señala a Euclides Fernández Silva, propietario de una empresa constructora que ganaba licitaciones directas en Huaraz. Él tenía bienes comprados a nombre de su empresa con dinero cedido por Álvarez”, informó el diario La República.

Otro punto interesante ha sido lo que ha dicho sobre los medios de comunicación que operaban al mando de Álvarez.

Este testigo ha señalado cómo Álvarez logró captar diversos canales de televisión en Áncash, entre ellos el canal 27 UHF, el canal 19 UHF y cómo, si esto fuera poco, viajó a Lima para alquilar las frecuencias que estaban al mando de los miembros de la congregación el “Ministerio de la Luz” en Chimbote, Huaraz y el Santa, dando origen al canal 25 de TV, según el informe publicado por el  periodista Daniel Yovera en LaMula.pe.

Foto: Peru.com

Congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo vinculados a la red Álvarez. Foto: Peru.com

Pero eso no ha sido todo. El colaborador también ha dicho que los parlamentarios Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo habrían recibido obras del Gobierno regional pero a nombre de testaferros.

Así informó La República:

“En algunas oportunidades, César Álvarez le pagó a Víctor Crisólogo en las instalaciones de canal 25, eso fue antes que Crisólogo fuera congresista. Debo precisar que a Heriberto Benítez le dieron obras del Gobierno regional, pero a nombre de terceras personas, bajo el control y supervisión de Abel Sánchez, de Coishco, que cobraba los diezmos en esas obras”, dijo el colaborador.

Sin embargo, si bien el colaborador ha revelado datos muy interesantes sobre el aparato criminal de Álvarez, hay que tomar sus palabras con mucho cuidado.

Y es que también dijo que Álvarez habría entregado dinero a un tal Rodríguez Altamirano para sobornar a altos mandos de la magistratura así como al procurador Salas y a la comisión Áncash, para sacar al fiscal Marco Huamán y a su equipo encargado de las investigaciones.

Sin embargo, el procurador Salas negó cualquier vinculación con Álvarez o que pretenda favorecerlo, según declaró a Perú 21:

 “Es una referencia que hace el colaborador N°11 acerca de un supuesto pago a la comisión del Congreso y a mí. Hay que tomarlo como un dato de referencia y una actitud natural en este tipo de investigaciones. El objetivo es, obviamente, tratar de cuestionar a quienes venimos impulsando una buena investigación.”

Salas reveló que este mismo testigo mencionó que Álvarez desde la cárcel y con la ayuda de su abogada estarían intentando comprar testigos para que cambien de versión y desaparezca cualquier información que lo involucre.

 

Ramos Heredia en el banquillo

El Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia también estaría inmerso en la red de corrupción de Álvarez.

El pasado lunes 03 de noviembre, el fiscal Ramos Heredia se presentó ante la Comisión Áncash para responder sobre los presuntos vínculos que tendría con él.

Foto: Perú21

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Foto: Perú21

Como se recuerda, cuando Ramos Heredia era jefe de Control Interno del Ministerio Público solicitó que los fiscales que allanaron el edificio donde se realizaban intercepciones telefónicas a los opositores de Álvarez, más conocido como “La Centralita”, fueran investigados y sancionados.

Para el titular de la comisión, Mesías Guevara, el fiscal Ramos Heredia no aclaró todas las preguntas que se le formularon durante la sesión pero brindó información que “fue bastante valiosa”, según dijo a Perú 21.

Además, Guevara ha solicitado que se levante el secreto bancario y tributario así como acceder al movimiento migratorio de Ramos Heredia.

Y por si fuera poco, el procurador Salas ha pedido que hasta que continúen las investigaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo suspenda.

Además, Guevara adelantó que enviará un informe preliminar del caso a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano este 21 de noviembre para determinar si se extiende o no el plazo de las investigaciones.

 

Una Fiscal le lanza un salvavidas a Heriberto Benítez y a Ramos Heredia

Un hecho preocupante ha sido el informe presentado por la Fiscal Suprema de Control Interno, Nora Miraval, sobre la responsabilidad de los cuatro fiscales que participaron en el allanamiento del edificio donde funcionaba “La Centralita”.

Miraval determinó que prosiga la investigación preparatoria contra los exfiscales anticorrupción del Santa por el delito de abuso de autoridad en contra del Estado y del congresista Heriberto Benítez.

Foto: La Prensa

Parlamentario Heriberto Benítez. Foto: Congreso

Es decir, la fiscal le ha dado la razón a Benitez. ¿Cómo así? Pues como recordarán Benitez dijo en declaraciones a RPP que hubo abuso de autoridad en el allanamiento de su domicilio, ubicado en el mismo edificio donde operaba “La Centralita”.

“Ese allanamiento era ilegal. Los fiscales no tenían autorización para ingresar. Yo nunca obstaculicé ni impedí ninguna diligencia”, indicó.

Tal como hemos visto, el caso Álvarez abarca un gran cantidad de aristas que involucran tanto a autoridades regionales como a funcionarios del Estado en el Congreso. Por ello debería ser uno de los temas más importantes de resolver para nuestro aparato judicial. Esperemos que sea así. 

Radio Marañón y Contacto Sur destacan informe sobre ley Nº 30230 de Poder Ciudadano

Hace unos días publicamos un informe sobre la ley Nº 30230, ley que formó parte del “Paquetazo Castilla” y que podría desencadenar el próximo conflicto social en nuestro país debido a que se estaría atentando contra los derechos territoriales de las comunidades nativas y campesinas.

Respecto a este tema tan importante, Radio Marañón  y “Contacto Sur” de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) emitieron este informe a través de sus ediciones informativas.

Aquí escucha el informe de Poder Ciudadano trasmitido por Radio Marañon:

 

Aquí escucha el informe de Poder Ciudadano trasmitido por el programa informativo Contacto Sur de ALER: 

Esta es la ley que podría desencadenar el próximo conflicto social en nuestro país

Se trata de la Ley 30230, aprobada en julio de este año por el Congreso de la República y que, según varias organizaciones ambientalistas, así como la  Defensoría del Pueblo, podría atentar contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras.

La medida, que formó parte del “Paquetazo Castilla”, se denomina: “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”.

¿Cuál es el problema con la ley y cómo podría afectar el derecho de estas poblaciones? Para responder estas interrogantes, Poder Ciudadano conversó con la presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto. Esto es lo que nos dijo:

En efecto, tal como señala Vanessa, lo que está en discusión es el título tercero sobre los Procedimientos Especiales de Saneamiento Físico Legal de Predios para Proyectos de Inversión. Aquí se contempla que las tierras, así sean de propiedad privada o del Estado y estén registradas y cuenten con titulo de propiedad, serán entregadas a proyectos de inversión.

Es más, se señala que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) será el ente encargado de delimitar el área donde se desarrollará los proyectos. Aquí pueden leer ustedes mismos la Ley:

 

Reacciones en cadena

Como era de esperarse las reacciones fueron inmediatas. La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado enviado a la PCM, ha manifestado que la Ley, “al no haber sido objeto de un proceso de consulta previa, no puede modificar el derecho colectivo a la propiedad de la tierra de las comunidades nativas y campesinas que forman parte de los pueblos indígenas”.

Por su parte, el Director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), Richard Smith precisó que la ley debe ser derogada porque no se ha considerado a dos instituciones importantes que velan por la titulación de tierras rurales y comunidades indígenas como son el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el Ministerio de Cultura (Mincul).

También se ha sumado a este reclamo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban manifestó que es necesario “un planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas ecológicas, minería o hidrocarburos”, tal como recomienda la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el ordenamiento territorial.

Recordemos que la Ley Nº 29785 “Ley de Derecho a Consulta Previa señala lo siguiente:

El derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

Incluso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 26 y 27, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, la protección jurídica por parte del Estado y su participación en las decisiones sobre estas.

 

Los efectos también se verían en Lima:

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Foto: Blog Lima Milenaria

Pero todo esto no se trata solo de un problema al interior del país. En su blog, el periodista Javier Lizarzaburu, señala que esta Ley también estaría poniéndole fin al cuidado de nuestro patrimonio histórico en el país.

A partir de ahora qué cosas pueden suceder con las casonas, edificios y bienes históricos:

- Podrán demoler parcialmente si lo necesitan
– Podrán demoler completamente, en casos que no sean monumentos
– Se podrán destinar a usos que el empresario decida darle
– Se podrán alterar fachadas
– Usarán distintas alturas
– Se podrá usar concreto armado, porque es más rápido y barato
– Podrán hacer prácticamente lo que les dé la gana con bienes históricos, porque no habrá nadie que vea el proyecto antes que lo ejecuten.

 

Falta de transparencia en el sector energético

Que nos hayamos enterado recién de esta ley, responde a una falta de transparencia gubernamental en el sector energético. La especialista en temas de Transparencia y Gobernanza del Programa de Gestión Social-Ambiental de DAR, Aida Gamboa nos lo explica:

El tema ya está en la cancha del Ejecutivo y debería ser resuelto lo más pronto posible, más aún en el marco de la Vigésima Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP20). No esperemos que la ambigüedad de esta Ley ocasione un nuevo conflicto en nuestro país. Ya sabemos cómo termina eso.

Agricultores del VRAEM demandan apoyo del Estado

Hace unas semanas, el presidente de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola indicó que el Perú viene luchando contra el narcotráfico a través de tres herramientas fundamentales, una de ellas, la aplicación de cultivos alternativos en la zona del Valle de los ríos Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM). Sin embargo, tal parece que la ayuda aún es insuficiente.

A pesar de que optaron por no cultivar la hoja de coca, los productores de cacao orgánico del centro poblado Los Ángeles de Primavera en Junín nos cuentan en este reportaje que no tienen carreteras para sacar sus productos a la ciudad. Además critican a Devida por su falta de trabajo en la zona.

Por su parte, los productores de café de la Cooperativa Agraria Cafetalera del Valle del río Apurimac (CAVRA) en Ayacucho piden financiamiento para renovar sus plantaciones de café ya que podrían ser afectados por el hongo de la roya amarilla o los productos químicos usados para la elaboración de la pasta básica de cocaína que contaminan sus ríos y afecta gravemente sus cultivos.

Para este reportaje conversamos con el Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial de Carácter Permanente para el Desarrollo y Pacificación del VRAEM (CODEVRAEM), Luis Rojas Merino. Él nos indicó que hay un plan del Ministerio de Agricultura para el problema de la roya amarilla, sin embargo no pudo asegurar si la ayuda del Estado llegó a los agricultores de café del (CACVRA).

“Los que tenían créditos les han dado una mora, se les ha alargado el crédito. Los que no tenían crédito, el banco agrario les ha aperturado créditos blandos y se les ha entregado kits que consisten en varias cosas como abono”, precisó.

Este reportaje fue elaborado en conjunto con el periodista Pedro Yaranga, además cuenta con entrevistas al especialista en temas de narcotráfico, Ricardo Soberón y el director de Promoción y Monitoreo de Devida, Jose Chuquipul Ruiz.

80% de los flujos ilícitos que salieron del país en los últimos años fueron por evasión y elusión fiscal

Hace unos días esta noticia publicada en la web América Economía pasó casi desapercibida:

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Las cifras forman parte de un estudio elaborado por el Instituto Global Financial Integrity que cuantifica la salida de flujos financieros ilícitos en el mundo y que fueron difundidas en el Perú por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

Pero el dato más importante es que el 80 por ciento de estos flujos pertenecen a la evasión y elusión fiscal, en otras palabras, al impuesto que un buen número de personas y empresas evitaron pagar en nuestro país durante todos esos años.

Así lo señaló el asesor de Latindadd, Renaud Fossard, quien conversó con Poder Ciudadano esta semana para hablarnos sobre cómo las empresas evaden sus impuestos y cuál ha sido el papel del gobierno de Ollanta Humala frente a este problema.

Renaud nos dice en la entrevista:

“Hace dos años el MEF quiso dar las herramientas a la administración tributaria dándole una cláusula antielusión fiscal. Eso iba a dar el poder a la administración tributaria para fiscalizar con más facilidad. No fue un gran tema mediático pero hubo una rebelión de los gremios empresariales absolutamente masiva por esa norma que está puesta en muchos países en desarrollo y que existe a nivel mundial.

El MEF estaba asesorado por el Fondo Monetario Internacional y el BID. Acá la Confiep tuvo una cita con la Sunat y recién durante el paquetazo de julio se colocó la cancelación de esta norma antielusiva. Nunca hubo el suficiente respaldo político fuerte para implementarla desde la Sunat”.

En efecto, en marzo del 2012, el ex ministro Castilla ya expresaba su preocupación por el incremento de la tasa de evasión tributaria en nuestro país, la que consideró, dicho sea de paso, una de las más altas de América Latina.

Por ello, tal como señala Renaud, en julio de ese mismo año el MEF ya alistaba la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1121 que creaba una “Cláusula General Antielusiva Tributaria”.

Es decir, si antes la Sunat solo tenía facultades para sancionar a las empresas que cometían el delito de evasión tributaria, con esta cláusula también iría detrás de la elusión, que es en la práctica, un conjunto de acciones a primera vista legales pero que de todos modos le permiten pagar menos impuestos a las empresas.

Sin embargo, todo quedó en nada por presión de una parte de nuestros empresarios. En su edición del mes de septiembre, la revista Poder realizó un detallado informe sobre cómo el Congreso y el lobby empresarial bloquearon el avance de esta norma.

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Dice una parte del informe:

“La Cámara de Comercio de Lima (CCL) le salió al frente de inmediato. Su Comisión Tributaria emitió un comunicado público exigiendo la inmediata derogación de la norma, a la que acusó de lesionar la seguridad jurídica y calificó de “extremadamente peligrosa por su abierta discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad”. Esta nueva facultad, dijo la CCL, “podría hasta politizar la intervención de Sunat”.

La Confiep, el gremio empresarial más importante del país, también hizo lo suyo. Anunció el envío de una carta al ministro Castilla pidiéndole explicaciones, así como una reunión con la jefa de la Sunat, Tania Quispe, para conocer de qué manera pensaba aterrizar esta facultad. Humberto Speziani, presidente del gremio, brindó declaraciones a diversos medios advirtiendo lo desalentador que sería para las transnacionales toparse con una clausula tributaria de este tipo en el Perú.

(…)

El MEF acusó el golpe y evitó la polémica en momentos en los que necesitaba consensos para poder sacar adelante el reciente “paquete reactivador”. Así, declaró la suspensión de la Norma XVI como parte de su estrategia para viabilizar sus medidas para enfrentar la desaceleración. Prefirió este camino antes que allanarse al pedido del Congreso de enmendar la cláusula, cortándole su potestad de revisar ejercicios tributarios anteriores, una prerrogativa que tiene la Sunat al poder fiscalizar periodos tributarios de hasta cuatro años atrás”.

El Ejecutivo ha informado que presentará un proyecto de ley para que la Sunat haga obligatoria la acreditación del origen lícito de los minerales. Bien haría también en preocuparse por estos temas ya que como hemos visto deja salir grandes cantidades de dinero de nuestro país.