¿Qué propone en materia de lucha anticorrupción el gabinete Jara?

jara

Fotografía: Agencia Andina

La Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se presentó este martes en el Congreso de la República para obtener el voto de confianza de los parlamentarios.

Durante su discurso de investidura, la primera ministra propuso estas acciones en materia de lucha anticorrupción.

  • Aprobar en septiembre el Plan Nacional para el Gobierno Abierto 2014- 2016. Para julio del 2015, todos los sectores del Ejecutivo habrán implementado acciones orientadas a fortalecer la política de gobierno abierto.
  • Aprobar el Reglamento de la Ley sobre Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas para evaluar la evolución patrimonial y financiera de los funcionarios y servidores públicos del Estado a fin de prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito. La medida sería concretada en setiembre de este año.
  • Adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que en materia anticorrupción plantea la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de manera que el Estado se adhiera a la Convención contra el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
  • Aprobar el Plan Anticorrupción de la Policía Nacional del Perú con medidas concretas para el control de la provisión de alimentos, la asignación de viáticos, la provisión de combustible a vehículos policiales y medicinas en los servicios de salud de la Policía Nacional, así como al fortalecimiento de los procesos de compras de bienes y servicios; y a la implementación de un Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú.
  • Fortalecer los alcances de la campaña “Calles seguras pistas sin corrupción”, que permite grabar con cámaras ocultas a policías, conductores e inspectores que exigen u ofrecen una coima.
  • Coordinar con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior una permanentemente formación de equipos especiales de inteligencia para detectar y combatir la infiltración de redes organizadas de corrupción en las instituciones públicas.
  • Proyectar para el último trimestre de este año contar con una propuesta de Política Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Incrementar el presupuesto para la Procuraduría Anticorrupción para el 2015 en 4,2 millones de soles con lo cual el presupuesto asignado para dicho año ascenderá a 11,7 millones de nuevos soles.
  • Reforzar la política de asignación y transferencia de recursos necesarios para que los jefes y personal de los órganos de control interno de las entidades sean transferidos y pagados por la Contraloría General, a fin de fortalecer la autonomía del Sistema Nacional de Control en el país.
  • El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sector en el que se concentran los programas sociales, ha aprobado Directivas sobre Neutralidad y Transparencia para aplicarse en los programas JUNTOS, Qali Warma, Pensión 65, Cuna Más y FONCODES, durante los procesos electorales. Esta práctica será realizada por los demás sectores.

La ministra también pidió al Congreso la aprobación de algunos proyectos de ley:

  • Ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
  • Crear el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio el Estado, a fin de que ninguna persona que no haya pagado al Estado los daños causados por su conducta pueda asumir un cargo público.

Ojo Público. Una nueva mirada del periodismo de investigación

A pesar de ser un medio joven, estas semanas el portal de periodismo de investigación ‘Ojo Público’ ha dado que hablar. Entre los correos publicados del #CornejoLeaks, su equipo de periodistas ha encontrado varios que ponen en evidencia los conflictos al interior del gabinete ministerial y el ejercicio del poder al interior del Ejecutivo.

Entre sus primeras revelaciones tenemos las gestiones que realizaba la ex asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, Cecilia Blume para la ampliación de la prórroga de temporada de pesca. Además, la noticia más comentada estos días: las discrepancias entre los ministros de Ambiente y Energía y Minas por el tema de la modificación del reglamento de Hidrocarburos que busca ponerle fin al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Poder Ciudadano conversó con la periodista Fabiola Torres del equipo de ‘Ojo Público’, quien nos habló acerca del trabajo que vienen realizando a través de este nuevo medio digital y cuáles son los retos que enfrenta el periodismo de investigación en nuestro país y particularmente en las regiones.

Cecilia Blondet: “Urge cambiar legislación ante alto número de candidatos con condenas”

Fotografía: Agencia Andina

Fotografía: Agencia Andina

El alto número de candidatos con condenas vigentes y antecedentes es la evidencia principal para cambiar la ley electoral y contar con un nivel más calificado entre quienes aspiran a ser autoridades, sostuvo hoy la presidenta de Proética, Cecilia Blondet.

“Estamos ante un momento clave y debemos dar un paso más allá para tener un mejor y más exigente marco normativo”, manifestó a la Agencia Andina.

Según refirió, los cambios pueden ir orientados a plantear penalidades a fin de que las agrupaciones políticas asuman su responsabilidad en la inclusión de candidatos cuestionados, y dificultar así que estos dirijan alguna jurisdicción.

Para Blondet, sería apropiado que un equipo de juristas evalúe los cambios de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que el Congreso de la República asuma su obligación de promover y apoyar estas modificaciones.

“Sucede muchas veces que en el Parlamento se tiene claro los cambios que se deben hacer pero no quieren hacerlo porque están cómodos con una legislación que por un lado es ambigua y laxa”, añadió la titular de Proética.

Cualquier modificación que se de, aclaró, no se aplicaría para las elecciones del 5 de octubre sino para la siguiente.

Por lo pronto saludó los esfuerzos realizados por los organismos electorales, los medios de comunicación y la vigilancia ciudadana para detectar postulantes con problemas con la justicia peruana.

“Es asombroso que tanto caradura con sentencia en curso o con historial de narcotráfico se presente a cargos electorales. Esto es algo inaceptable y da cuenta del bajo nivel ético que tienen”, comentó.

La presencia de estas personas como postulantes, agregó, no solo afectan la política sino al país en general.

Fuente: Andina

Amazonas: Estos candidatos se pelean el sillón regional

La región Amazonas es la tercera más pobre del país y la segunda donde más aumentó la pobreza en los últimos años, según las cifras del INEI. Además es la cuarta región con menos desarrollo en educación, salud e infraestructura, según el índice de competitividad regional elaborado por el Instituto Peruano de Economía.

No cabe duda que esta zona del país necesita de una gestión eficaz y honesta que resuelva rápidamente sus problemas. Por ello, Poder Ciudadano viajó hasta Amazonas para conocer a los principales candidatos a esta región.

Entre ellos encontramos al candidato Jhony Mera por el movimiento Unidos al Campo, a Óscar Altamirano de Fuerza Amazonense, a Gilmer Horna de Surge Amazonas y a Rudecindo Vega de la alianza Todos Somos Amazonas.

En este reportaje sepa cuál es el candidato que fue denunciado por lavado de activos, cuál otro al parecer es un candidato de la actual gestión, y quién tiene diversos cuestionamientos durante su paso por el gobierno regional.

Sandro Rivero: el candidato y empresario que controla a la prensa en Tarapoto

Sandro Rivero Uzátegui, exalcalde de la provincia de San Martín y actual candidato a un nuevo periodo, es el principal accionista de TV SAM, la operadora de cable líder en Tarapoto. Esta relación con los medios ha terminado en una serie de limitaciones a la prensa.

El programa periodístico de investigación “Enfoques”, dirigido por la periodista Glenda Mello, es una de las víctimas de las decisiones de Rivero. En el 2007, el programa salió del aire de un canal parte de la programación de TV SAM porque tocaron al entonces alcalde.

Este año ocurrió exactamente lo mismo, coincidentemente en tiempo de campaña. Y es que no sólo Sandro Rivero tiene una relación con la empresa. Su padrastro Manuel Aguilar también forma parte de la compañía y es candidato a la presidencia regional.

Cabe recordar que Rivero fue involucrado en la desaparición de más de un millón de soles del Sistema de Administración Tributaria-Tarapoto. Él y dos funcionarios mantienen un proceso abierto en la Fiscalía Anticorrupción por este caso.

Si bien el candidato de Acción Popular aclaró que ha pedido licencia, el ataque a los periodistas que no están con él se mantiene.

Nueva Ley de Contrataciones del Estado. ¿Una solución para las compras estatales?

Fotografía: El Comercio

Fotografía: El Comercio

Hace algunas semanas el Gobierno promulgó la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, una medida que forma parte del paquete estimulador del Ministerio de Economía para dinamizar nuestra economía y que, en resumen, pretende agilizar y hacer más eficiente las compras o contrataciones que realizan las entidades públicas.

Uno de los cambios que incluye esta nueva norma es aumentar el límite de compras exoneradas de los procedimientos de ley de tres a ocho UIT. En otras palabras, antes de la ley las empresas que contrataban con el Estado por un monto de 12 mil soles aproximadamente estaban exoneradas de los procesos de control previos. Con esta nueva ley, el monto aumenta hasta alrededor de 30 mil soles.

Sin embargo, estas compras serán supervisadas posteriormente por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), que además con esta ley, ahora tendrá poder sancionador. ¿Cuánto de esto es beneficioso para nuestra economía? ¿Realmente la ley agilizará las compras del Estado? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta norma?

Para resolver estas interrogantes, Proética conversó con Luis Davelouis, economista y editor de la revista de periodismo legal LaLey.pe y con Juan Carlos Morón, abogado del Estudio Echecopar y especialista en Derecho Administrativo. Ellos nos dieron sus puntos de vista al respecto.

Juan Carlos Morón: “No creo que la ley por sí misma acelerará las compras del Estado”.

Para el abogado Juan Carlos Morón, la ley no acelerará por sí misma las compras del Estado, esto dependerá del rol que asuman los operadores de dicha medida.

“En la medida que tengamos gente capaz, responsable con seguridad y pueda tener capacidad de decisión en el momento oportuno, ahí vamos a tener una celeridad de compra”, mencionó.

En ese sentido destacó la importancia que tendrá la labor tanto de los proveedores del Estado como de los funcionarios públicos.

“Finalmente quien gane o quien pierda lo va a decidir el operador de la norma. Por un lado, los proveedores, que compitan libremente y lealmente, y por otro lado los funcionarios públicos que tomen decisiones acertadas, que planifiquen bien sus compras, que se capaciten, eso es lo que va a definir que todos ganemos”.

Luis Davelouis: “No veo que esto tenga un impacto importantísimo en el tema del crecimiento económico”.

Para el economista y periodista Luis Davelouis si bien es cierto esta nueva ley agilizará el proceso de contrataciones, no cree que esta tendrá una incidencia significativa en nuestra economía.

“Yo no veo que esto tenga un impacto importantísimo en el tema del crecimiento económico o que vaya a tener un impacto en la vida de los ciudadanos en general. En todo caso, es más fácil para las empresas contratar con el Estado, para el Estado elegir empresas por servicios y bienes por debajo de 30 mil soles, pero más allá de una agilización de esa naturaleza, honestamente no creo que vaya a tener un impacto como el que se espera que vaya a tener”.

Por otro lado, Davelouis coincide con Morón al señalar que el éxito o no de la norma dependerá de los operadores.

“Lo importante no es comprar rápido lo importante es comprar bien, pero comprar bien no solamente depende de los mecanismos que permitan esas compras bien o mal hechas, depende de las capacidad de las personas que hacen las contrataciones y las compras para determinar si lo que están comprando es lo que necesitan realmente o no. Esa parte es complicadísima porque eso es un cuello de botella en todo el Estado”.

 

La extraña “buena suerte” del chofer de Guillén y sus contratos con el GRA

La denuncia contra Nelson Mamani, chofer y hombre cercano del presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, revelada en mayo, no ha quedado en stand by. El Ministerio Público decidió elevar la denuncia a la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Los procesos de adjudicación irregulares que realizó Mamani con el gobierno regional de Arequipa (GRA), pese a que trabajaba en esta institución y -por lo tanto- estaban prohibidos por ley, son la base de esta denuncia.

A través de la empresa JHL Etransberg S.R.L., el chofer y su familia alquilaban vehículos al GRA. Pero eso no es todo. Ellos no han podido justificar la procedencia del dinero con el que adquirieron las camionetas.

La periodista Mabel Cáceres, del medio arequipeño El Búho, cuenta en este reportaje para Poder Ciudadano qué tan cercana ha sido la relación entre Mamani y Guillén, cuáles fueron los irregulares contratos y por qué la autoridad regional ahora niega haber conocido que su chofer –quien ha trabajado con él desde hace casi siete años– tenía esta empresa.