Solo tres alcaldes distritales han sido procesados, de los cuales dos son prófugos de la justicia y solo uno ha sido sentenciado. Todo esto sucede a pesar de que la Contraloría ha denunciado a 823 funcionarios de 22 entidades públicas apurimeñas ante el Ministerio Público tanto en lo civil como penal. Sin embargo, hasta el momento no se han formalizado todas las denuncias ante el Poder Judicial. ¿Por qué demora tanto la justicia en Apurímac?

 

Por: Paul Pilco Dorregaray

Algo no marcha bien en el sistema anticorrupción en Apurímac. Y es que en los dos últimos años solo tres alcaldes distritales apurimeños fueron procesados y sentenciados por la justicia.


(Izq. a derecha) Los exalcaldes Ramiro Marquéz y Aurelio Mendieta acusados por peculado doloso y malversación.

 

Dos de ellos fueron los exburgomaestres Ramiro Márquez Ticona del distrito de Huanipaca yAurelio Mendieta Aroste de Tintay, ambos acusados por los delitos de peculado doloso y malversación en agravio de sus respectivas municipalidades.

Lejos de asumir su responsabilidad, estos personajes han preferido burlarse de las autoridades y en la actualidad se mantienen prófugos de la justicia.

No ocurrió lo mismo con el alcalde de Andarapa (Andahuaylas), José Borda Chipana, quien fue sorprendido por un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Abancay en los precisos momentos en que recibía 500 nuevos soles de un proveedor. El hecho ocurrió en enero del 2013 en una céntrica calle de la capital.

Casi un año y medio después, en junio del 2014, Borda Chipana fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio y al pago de una reparación civil de 5 mil nuevos soles.

Esta es la sentencia más drástica y la única que un tribunal de justicia apurimeño haya dictado contra una ex autoridad municipal en los últimos años en el marco del nuevo código procesal penal para delitos de corrupción contra la administración pública.

 

El informe de la Contraloría

El 17 de marzo del 2015, el vicecontralor de la Contraloría General de la República, Edgar Alarcón Tejada, arribó a la ciudad de Abancay para informar sobre los resultados de las acciones de control efectuadas durante el periodo 2011–2014 en esa zona del país.

 


Según un informe de Contraloría, unos 823 funcionarios de 22 entidades públicas de Apurímac fueron denunciados. Foto: Andina.

 

Según el informe, 823 funcionarios de 22 entidades públicas apurimeñas fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Además el documento señala que se efectuaron 59 acciones de control que dieron paso a 144 informes emitidos en lo penal, civil, administrativo y financiero.

A través de esos informes, la Contraloría denunció por la vía penal a 263 ex funcionarios y a 54 por la vía civil. Mientras que a otros 506 funcionarios se les identificó diversas responsabilidades administrativas.

 


Resumen del informe de la Contraloría sobre los resultados de las acciones efectuadas durante el periodo 2911–2014 en Apurímac. Fuente: Contraloría General de la República.

 

En cuanto al Gobierno Regional de Apurímac, la Contraloría detectó siete casos de irregularidades que se encuentran tanto en la vía penal, civil como administrativa.

 

 

En tanto, en la Municipalidad Provincial de Abancay se identificaron cinco casos de irregularidades, en la Municipalidad Provincial de Chincheros se detectaron dos y en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas fueron seis.

 

 

El vicecontralor aseguró que luego de 70 días se tendrán todas las auditorias concluidas para su presentación ante la Fiscalía Anticorrupción de Abancay a fin de que se inicien los procedimientos penales que correspondan.

 

Abancay en la mira

Durante su informe, el funcionario de la Contraloría resaltó que se ha puesto especial atención en las licitaciones y obras ejecutadas con recursos del canon minero durante la gestión del ex alcalde provincial de Abancay, Noé Villavicencio Ampuero.

 


Sobre el ex alcalde de Abancay, Noé Villavicencio Ampuero pesan graves acusaciones por corrupción.

 

Es preciso señalar que, en este caso, se destinaron nada menos que 79 millones 156 mil nuevos soles para la ejecución de 11 proyectos de inversión.

De igual manera, también se evalúa con especial énfasis la licitación y entrega de la buena pro de la irrigación Quisapata(ejecutada por el Consorcio Rosaspata) por un monto de 5 millones 498 mil 337 nuevos soles. Una obra que actualmente está inconclusa y que presenta un forado presupuestal superior al millón y medio de nuevos soles.

Por otro lado, el informe también ha puesto la mirada sobre el ex presidente regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz.

La Contraloría ha entregado informes periciales con responsabilidades penales y administrativas sobre el proyecto de agua y desagüe de Abancay así como de la licitación para la construcción del nuevo hospital de Andahuaylas y también sobre pagos no autorizados a funcionarios y trabajadores.

Eso no es todo, esta entidad estatal también investiga la adquisición de computadoras portátiles para Huancarama y Cotabambas (distribuidas en plena campaña reeleccionista), las modificaciones presupuestarias no autorizadas del hospital de Andahuaylas, la obra de saneamiento de Abancay, la pista de aterrizaje emergencial de Soccllaccassa, entre otras acciones más de la anterior gestión regional.

 

El paso lento de la Fiscalía

En el caso de Apurímac, la velocidad de la Contraloría para denunciar estos casos ha mejorado en comparación con años anteriores, sin embargo, la lentitud con la que avanza la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac es evidente.

Y es que hasta el momento no se han formalizado todas las denuncias ante el Poder Judicial como corresponde, generándose un preocupante retardo en la acción de justicia, y por lo tanto, un embalse de procesos que tienen relación directa con la lucha contra la corrupción en la región.

 


El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, Wilber Aguilar Vega señaló que no cuentan con los recursos y el personal para agilizar las denuncias. Foto: Correo.

 

Para el reciente nombrado presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, Wilber Aguilar Vega, el retardo en los procesos tiene una explicación razonable, no cuentan con los recursos y el personal necesarios para marchar a la misma velocidad de su aliada institucional.

Pese a ello, Aguilar Vega, aseguró que se ha implementado una estrategia para analizar la complejidad de los expedientes que se encuentran en la fiscalía con el equipo de fiscales anticorrupción a fin de mostrar en breve los resultados de su trabajo, aunque sin precisar fecha.

“No habrá contemplaciones ni impunidad contra los ex funcionarios que resulten responsables de malos manejos y delitos cometidos contra la administración pública en la región”, enfatizó.

 

Las autoridades cuestionadas se defienden

Días después de las declaraciones del fiscal superior, colaboradores de la gestión del ex alcalde de la provincia de Abancay, Noé Villavicencio Ampuero, aparecieron en el escenario local, incluso en espacios radiales, para afirmar que las acusaciones de corrupción levantadas en contra del cuestionado burgomaestre carecían de sustento y era producto de venganzas políticas.


Segovia Ruiz niega que en su gestión se produjeran actos de corrupción. Foto: Andina.

Con ese mismo discurso, pero desde la otra acera, el ex presidente regional Elías Segovia Ruíz, señaló que durante su gestión no se produjeron hechos de corrupción pero que en el caso de ser así, se trató de actos aislados, de carácter personal y no institucional, repitiéndose así mismo que su gestión fue “transparente” y no se desvío un sol del presupuesto de inversiones a otro tipo de actividad.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y nada impide que el germen de la política se haya incubando en estas ex autoridades para tentar una curul en el Congreso de la República.

Habrá que esperar un poco para saber si realmente pretenden defender los intereses del pueblo o más bien buscan la inmunidad parlamentaria para esquivar nuevamente a la justicia.

 

 


Jueves
14 Mayo 2015
Escrito por Poder Ciudadano Poder Ciudadano es un programa creado para difundir los actos de corrupción, denuncias e irregularidades que se reportan en diversas instituciones del interior del país.

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